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lunes, 11 de junio de 2012

Alimentos para la muerte


La agroindustria ha venido dando respuestas a la gran demanda de alimentos que el mundo actual exige, para hacerlo ha debido recurrir a ciertos aditivos que le permitan sortear algunas carencias naturales que les plantean las distintas regiones, en las cuales se desarrollan dichos emprendimientos.
Estos “aditivos” no siempre se condicen con los logros obtenidos y producen efectos colaterales que atentan contra la propia vida de los productores, sin distinción, y de los propios beneficiarios de dichos alimentos, que se convierten en forma encubierta en “veneno”.

         Particulares y Asociaciones defensoras de la vida y el medio Ambiente han interpuesto por años acciones judiciales denunciando la aplicación de dichos venenos en el proceso de cultivo en los que sólo se prioriza la “inversión” y la posterior ganancia por sobre la vida de las personas.
Lo mismo que sucede con las poderosas tabacaleras, esos reclamos han sido desoídos o postergados mediante artilugios legales y no han podido, hasta hoy, llegar al debido proceso.
Hoy es un día clave en la lucha de aquellos que han sufrido bajo la exposición de estos productos que se utilizan para enriquecer la tierra, fertilizantes, durante el período de siembra y para combatir la mala hierba durante su desarrollo, dexfoliantes o herbicidas, principalmente aquellos que en su composición química tienen productos como los “venenosos glifozato y endosulfán.”
El primer juicio oral y público de la historia Argentina reciente por fumigación de agroquímicos cerca de poblaciones urbanas comenzará hoy, 11 de junio de 2012, en Córdoba.
El proceso judicial es el resultado de más de una década de lucha contra la contaminación ambiental en el barrio Ituzaingó Anexo, un poblado de cinco mil habitantes ubicado en la periferia de la capital provincial, al límite con áreas rurales, donde los vecinos constataron un notorio aumento de casos de cáncer y malformaciones en niños desde la implementación de la producción intensiva de soja. Durante toda la semana, organizaciones vecinales y ambientalistas realizarán manifestaciones frente a las puertas del tribunal encargado de evaluar la responsabilidad en esos hechos de dos productores agrícolas y el dueño de la avioneta que fumigaba sembradíos.
Esto que no es otra cosa que la tardía respuesta de un sistema perverso a los genuinos reclamos del dolor.
Este juicio, aún tardío para muchos, podría otorgar un precedente, jurisprudencia, o para entenderlo mejor, una respuesta a las miles de personas en el mundo que se han visto afectadas por estos venenos que silenciosamente les han modificado, trágicamente la vida.
Cuando han logrado sobrevivir a la ingesta de estos venenos, que para aumentar sus ganancias estos, mercaderes del horror, incorporan en el proceso, las víctimas y sus familiares han interpuesto reclamos judiciales que hoy podrían aportar respuestas para reclamos pendientes, futuros y limitar el uso de estos pesticidas.
Cabe recordar que se usen en proximidades de poblaciones o alejados de ellas tienen, aún así, un impacto ambiental nefasto debido a la filtración a través de la tierra hacia las napas freáticas y cursos de agua en las pendientes naturales del terreno, cuestión que se viene denunciando desde siempre.
El juicio en cuestión que hoy a las nueve de la mañana, hora de Argentina, comenzará en la Ciudad de Córdoba unifica varios reclamos que desde 2001 al 2008 han realizado damnificados directos, familiares, y la “Red de Médicos de Pueblos Fumigados”.
Un reciente informe de la periodista Rocío Magnani para Página 12 nos deja saber que: “... Esta es la primera causa por agroquímicos de toda Latinoamérica. Hemos tenido recursos de amparo en muchas provincias, pero una causa penal, nunca. Entonces es especialmente importante que la condena sea ejemplar. No podemos permitir que apliquen veneno sobre nuestros niños”, señaló a este diario Ávila Vázquez. A mediados de mayo último, el fiscal de instrucción Carlos Matheu ordenó investigar si existe una relación directa entre la fumigación y las muertes por cáncer en el barrio. Para ello, resolvió imputar a Gabrielli y Parra por “contaminación dolosa”, según la Ley 24.051, que prevé de tres a diez años de prisión, aunque la figura podría ser agravada por “resultado de muerte”, con penas de 10 a 25 años de prisión...”
Como es una causa testigo para el Continente, contra el manejo de la vida y la muerte en manos de los inescrupulosos de siempre, es que deberemos seguir de cerca y con marcada atención los resultados de este emblemático juicio, que esperamos tenga los resultados de justicia que los hombres de buena voluntad pretenden.

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