Buenos Aires, ciudad Cautiva
Un conflicto que se asemeja al que se planteó con el campo se ha iniciado entre la Administración de Cristina Kirchner y el Gobierno de la Ciudad de Mauricio Macri. El Ejecutivo nacional le traslada los subterráneos a Macri y este acepta, siempre y cuando se realicen y paguen las obras pendientes del plan de mantenimiento o le transfieran los recursos para terminarlos. Para llegar a un acuerdo, en estos términos, se firmó un pre-acuerdo por 90 días para realizar una mesa de diálogo, que nunca se concretó.
Ahora bien, es cierto que Buenos Aires ciudad es, fue y seguirá siendo, la reina mimada del Plata, foco de expansión y dispersión cultural de los argentinos, Allí donde tiene sus oficinas el poder político y desde donde se entrelazan los diversos intereses de nuestra compleja sociedad.
Esa ciudad cuya identidad se halla ligada históricamente a la Provincia de Buenos Aires y decidió, desde siempre, si hacemos una mirada fugaz de nuestra historia, el rumbo de la identidad política y social de nuestro país.
Sin embargo si miramos en profundidad en el quehacer nacional veremos que Buenos Aires fue y seguirá siendo una ciudad cautiva del poder político de turno si no se defiende auténticamente su autonomía.
Fue desde siempre que el Estado Nacional decidió sobre Buenos Aires, su infraestructura y su economía, fue el Estado Nacional quién determinó que servicios se prestaban en la ciudad y cuales no.
Hasta que fuera lograda su autonomía su destino estaba ligado al Ejecutivo Nacional y bajo sus estrictas directivas sus, administradores fueron hombres afines al gobierno nacional y designados por él para que manejaban su política en concordancia con la Nación. Los contribuyentes o vecinos de la ciudad generalmente no podían decidir sobre lo que acontecía en ella.
El ejecutivo Nacional siempre controló las políticas de la ciudad y hoy la ciudad Autónoma de Buenos Aires quiere manejar su propio destino, con gobiernos elegidos por sus vecinos, equivocarse es su propia decisión, rectificar sus errores su privilegio.
Mauricio Macri ganó su mandato en las urnas y como tal debe ser respetado, aún cuando el PRO. su partido representa un neoliberalismo que no gusta a todos los porteños, como se puso de manifiesto en las urnas, ganó y debemos aceptarlo.
La oposición deberá marcarle sus errores y colaborar en la construcción de una ciudad mejor para sus habitantes, sin embargo parece que esto no basta.
Macri no tiene superpoderes, no puede hacer lo que se le antoja sino aquello que debe y la legislatura porteña le autoriza.
Para recibir un patrimonio que hasta el presente dependió de la Nación debe asegurarse de recibirlo en perfectas condiciones de uso, de lo contrario con el presupuesto que se requeriría para dejarlo en condiciones, ya que no hacerlo sería comprometer a los vecinos de la ciudad a pagar una deuda, por años de abandono, de un servicio que la Nación estaba obligada a preservar en condiciones.
El Accidente ocurrido en la Estación Miserere (Once) en Trenes de Buenos Aires, TBA con el trágico saldo de 51 muertos y más de 700 heridos, colocó al desnudo el total abandono y desinversión de los servicios de transporte y lo ineficaz de los planes de subsidios a las empresas, un proceso que desde hace años vienen denunciando los delegados sindicales de la Unión Ferroviaria y de Subterráneos de Bs.As.
Esta circunstancia lamentable aceleró el interés de la Nación para que estos servicios, que se prestan en la Ciudad Autónoma, sean responsabilidad de su administración y no de la Nación.
Años de descontrol y desaciertos de distintas administraciones no se pueden solucionar de un plumazo ni por decretos extemporáneos, esperando que la ciudad los acepte calladamente.
Eso era antes, ahora la ciudad es AUTÓNOMA y debe tomar sus propias decisiones mal que les pese al Gobierno Nacional.
Si se transfieren los recursos para cumplir con las obras pendientes así estando los servicios en condiciones, la ciudad podrá hacerse cargo, de allí en más, de ellos y serán los propios vecinos, quienes en definitiva los utilizan, que decidirán que tipo de servicio quieren, que tarifa aceptarán pagar y como deberán ser gestionados por quienes ellos determinen en las urnas.
Esto por el mínimo sentido común.
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